¿Ante una nueva estrategia de ventas? |
Se halla radicada en un juzgado penal-económico una denuncia por existencia de supuestos mecanismos antiéticos para lograr mayores ventas de un medicamento, según informa el diario Página 12, en su edición del 11/11/2006. Un laboratorio habría impulsado a pacientes a presentar amparos contra las OS para lograr cobertura de una especialidad oncológica de alto costo. |
"Coimas, prebendas e irregularidades graves" denunció el mes pasado la Asociación de Agentes de Propaganda Médica "como prácticas recurrentes de la industria farmacéutica". La presentación de los visitadores médicos, efectuada ante el Congreso de la Nación, incluye nombres de laboratorios y de conocidos doctores vinculados con ellos, comienza diciendo la nota publicada por el matutino porteño Página 12 en su edición del 1/10/2006. Según la denuncia de los visitadores, "importantes sociedades científicas" participan en "notas seudocientíficas en medios de difusión", que en realidad "son publicidad paga" para la que "se contratan médicos líderes de opinión con el único objetivo de promocionar nuevas drogas de alto costo". Con nombre y apellido, en más de un caso, la nota refleja lo denunciado por los APM, quienes afirman que más allá de las bondades que puedan tener los productos presentados, tal vez no sea lo más adecuado que se le asignen recursos públicos o de obras sociales para darle cobertura El secretario de Acción Social de la Asociación de Agentes de Propaganda Médica (AAPM), José Charreau, manifiesta al diario que "La inducción económica a los profesionales de salud para la prescripción de productos se ha exacerbado a niveles increíbles, antes se trataba sólo de contribuciones para estudios, viajes, becas: hoy la coima es directa. Esto se aplica en especial a determinados productos que, por su alto costo, son de especial interés para los laboratorios; directamente se le ofrece al médico una suma, veinte, treinta, cincuenta pesos por cada prescripción." ¿Cómo intervienen en este procedimiento los agentes de propaganda médica?, pregunta Página 12. Charreau contesta: "Cada visitador debe detectar, en su zona, cuáles son los médicos de mayor potencial, porque atienden mejores obras sociales o tienen mucho caudal de pacientes; de éstos, hay que establecer cuáles son más permeables." En las reuniones de trabajo con los agentes de propaganda médica, "se los consulta en qué médicos 'invertir' y se asignan sumas para cada uno". No es que el doctor "permeable" se adscriba sólo a un laboratorio. "Toma lo que le ofrece uno y también lo que le ofrece el de la competencia –precisa Charreau–. Este sistema se ha hecho carne en nuestro medio, es muy difícil modificarlo." Pero, señala el mismo interlocutor, las "compensaciones" también alcanzan a la contribución por el seguimiento de pacientes en "estudios clínicos", que no son tales pues no cumplen las características exigidas por la autoridad sanitaria. Más recientemente, agrega, se han incorporado otras metodologías más directas. En este sentido el entrevistado señala que "el doctor Federico Pavlovsky describió perfectamente lo que pasa" (se refiere a la nota publicada en la sección Psicología de Página/12 el 24 de agosto y comentada en este sitio, a la cual se puede acceder en el buscador colocando "psiquiatras"). Estas modalidades no sólo concierne a los fármacos, añade el diario, sino también a las prótesis traumatológicas: "No hay una sola prótesis que se coloque en la Argentina sin que el médico reciba 'el vuelto'", sostiene Charreau. El documento de la AAPM también denuncia –sigue la nota- los "tratamientos compartidos: el médico prescribe una droga recientemente aprobada y, junto con la prescripción, le da al paciente un número de teléfono del laboratorio: si el paciente llama, le enviarán otro envase del mismo medicamento, gratis. Esto nos lleva a la pregunta de cuál es el precio real del medicamento: si entregan dos por uno y siguen ganando, quiere decir que el medicamento fue aprobado con un valor de venta que es, como mínimo, el doble del real". Para finalizar, el artículo de Lipcovich del 1/10/2006 agrega que la AAPM –adherida a la CTA– presentó su denuncia en la Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados de la Nación, a la cual solicitó "una exhaustiva investigación del mercado farmacéutico" y "llamar a una audiencia pública nacional para discutir las gravísimas irregularidades del sector".
Investigación por posible impulso a la presentación de amparos
"Los recursos de amparo contra obras sociales, por parte de pacientes que exigen un medicamento, son motorizados por los laboratorios y forman parte de las acciones previstas en la promoción del producto", fue otra de las denuncias presentadas por la Asociación de Agentes de Propaganda Médica (AAPM) ante el Congreso. Un detalle vinculado a la nota previamente citada explica el mecanismo: "Los laboratorios organizarían fundaciones, supuestamente independientes, para centralizar el procedimiento: un estudio jurídico vinculado con el laboratorio se haría cargo de presentar el amparo, a partir de un resumen clínico preparado por un médico también vinculado con la empresa. Los laboratorios también enviarían a sus visitadores a asesorar directamente a los pacientes para la presentación del amparo. En todos los casos se trataría de medicamentos nuevos y carísimos, no incluidos en el Programa Médico Obligatorio que rige a las obras sociales y el procedimiento "claramente desfinancia el sistema solidario de salud" consigna el artículo. Más recientemente, la nota periodística publicada también por Página 12, el día 11/11/2006, informa que "una mujer que trabajaba en una fundación de ayuda a pacientes con leucemia denunció a esa entidad y a un importante laboratorio trasnacional por "explotación de enfermos de leucemia y sus familiares" a fin de "mantener y posicionar la facturación" de un medicamento. La "maniobra" incluiría el "pago de abogados para que inicien recursos de amparo a las obras sociales que no proveen el medicamento" y "la utilización de los enfermos como instrumentos mediáticos". El laboratorio Novartis, así acusado, contesta que "jamás pagamos a un abogado para que represente a pacientes" y que "no nos consta que haya habido ninguna indicación de ese medicamento –llamado Glivec– a partir de un recurso de amparo". La presentación –que se tramita en el fuero penal económico– plantearía por primera vez en un caso concreto la acusación formulada por la Asociación de Agentes de Propaganda Médica. La denuncia fue formulada por Zulma Pilar Labraña –se explica en el artículo- contra The Max Foundation Argentina y Novartis Argentina S.A. Esa fundación fue creada en Estados Unidos, en 1997, por el argentino Pedro Rivarola, cuyo hijo, llamado Max, había fallecido de leucemia, a fin de ayudar a pacientes con esa enfermedad. En 2001, Novartis Pharma firmó un convenio con la entidad para organizar el Programa Internacional Glivec de Asistencia Gratuita a Pacientes (Gipap), destinado a asegurar la provisión de Glivec –medicamento contra la leucemia mieloide– a pacientes sin acceso al tratamiento. En la Argentina, Zulma Labraña se habría desempeñado en la Fundación Max hasta que "en 2005, me echaron". Por la otra parte, José María Oribe –asesor en comunicación del área Oncología del laboratorio Novartis–, manifestó a Página 12 que "a Novartis no le consta ningún caso en que el Glivec haya sido indicado a partir de un recurso de amparo" y destacó que "Novartis jamás le pagó a un abogado" a tal efecto. Oribe señaló que "en la Argentina, el Estado se hace cargo de cubrir la medicación oncológica, por lo cual el programa de entrega gratuita no tendría tanta razón de ser como en otros países. Sin embargo, en 2001 y 2002, en relación con la crisis, se registraron interrupciones en la provisión de medicamentos, y Novartis destinó una provisión de Glivec a cubrir interrupciones; el programa fue administrado por The Max Foundation. Llegó a haber más de cien pacientes beneficiados, de los cuales continúan 70: a éstos, Novartis podría presionarlos para que reclamen al Estado, pero no ha querido hacerlo". El valor promedio de un tratamiento es, según Oribe, "6000 pesos mensuales". El artículo del matutino porteño finaliza consignando que "la denuncia se tramita en el Juzgado en lo Penal Económico Nº 6, de la Capital Federal, a cargo de Marcelo Aguinsky".
Fuentes: Pagina 12 edición del 1/10/2006: "Peor el remedio", por Pedro Lipcovich. Página 12 edición del 11/11/2006: "Cómo vender los remedios caros", por Pedro Lipcovich. |
